Medida, premio para las mafias que se enriquecen con el contrabando

Luego de que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el sábado 16 de octubre, firmará un decreto “para legalizar el contrabando de los denominados ‘autos chocolate’”, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMDA) lamentó que se premie a la ilegalidad y se impacte en 20% o más, el precio de los vehículos nacionales, sumándose a la lista de daños por los que atraviesa esta industria por la crisis sanitaria y la falta de semiconductores.

Guillermo Rosales Zarate, director general adjunto de la AMDA, dijo que la medida presidencial, representará un premio para las mafias que se enriquecen con el contrabando de este tipo de unidades y será un golpe al comercio automotor formal que genera empleo e impuestos, el cual aún enfrenta severos problemas.

“La propuesta de regularización de vehículos ilegales que dio a conocer el jefe del Ejecutivo hoy en su conferencia mañanera no sólo se limitará a los siete estados fronterizos, sino que lo ampliará a todo el país, situación que lejos de limitar el problema lo hará más grande”, indicó.

Recordó que desde el 29 de junio se le solicitó al Presidente una audiencia para explicarle las repercusiones de su propuesta que anunció originalmente desde 27 del mismo mes en Baja California, y dijo que desde esa fecha, durante julio y agosto la importación legal de vehículos usados crecieron 69.8 y 84.9% o 5 mil 655 y 6 mil 493 unidades adicionales, respectivamente; mientras que la internación ilegal creció en igual o mayor porcentaje por la esperanza de poder regularizarse en breve.

Precisó que el resultado de esto, es que el fenómeno de los vehículos ilegales no disminuyó, sino que ahora es más evidente que nunca ver ese tipo de unidades circulando en toda la frontera ante la omisión de las autoridades, incluso algunos de éstos siendo del segmento de lujo y deportivos que nada tienen que ver con la justificación social que organizaciones afirman para su regularización por apenas una cuota y sin pagar los impuestos que realmente ayudarían a mejorar sus condiciones de vida.

“Es importante mencionar que la introducción y comercialización de vehículos usados procedentes de Estados Unidos sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero es un delito que se ha pretendido resolver sin éxito mediante disposiciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, tal como lo representan 19 procesos de regularización entre 1979 y 2011”, indicó.

Peor aún, añadió, la legalización que se viene provocará una baja en el valor de hasta 20% de las unidades de mismo año-modelo nacionales debido a la sobreoferta que se generará, ya que el propietario al ver que su unidad usada cuesta menos decidirá posponer su venta o retardar su renovación, afectando aún más la cadena de comercialización de cambio de usado a seminuevo o de seminuevo por uno nuevo.

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