El asedio político y las amenazas reales de exterminarlos o chingarlos, según le guste a usted, que sufren el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),  son producto de que ambas instituciones cumplieron con su obligación de respetar y hacer respetar la ley correspondiente.

El INE y el TEPJF encabezan hoy la lista de los muchos villanos favoritos del presidente de la república, los miembros de su gobierno y sus seguidores, el nuevo grupo político en el poder, luego de su determinación de no registrar las candidaturas de Morena a las gubernaturas de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y Michoacán, Raúl Morón.

         Los que hicieron el INE y el TEPJF fue cumplir con su obligación legal: aplicar la ley vigente. Nada más. Y el mundo político oficialista se les ha venido encima a esas instituciones autónomas,  junto con las otras que no son del agrado presidencial, porque a su juicio limitan el poder que él considera debe absoluto del titular de Poder Ejecutivo.

         El INE y el TEPJF ha sido asediados, atacados y acusados por presuntamente impedirles el constitucional derecho a ser votados de los dos aspirantes a ser candidatos a gobernador.

Esas dos instituciones no han limitado ningún derecho a nadie; tienen la obligación de aplicar las leyes en materia electoral, que son las que imponen los requisitos a los ciudadanos y partidos para poder participar en los procesos electorales, aprobadas por el Congreso de la Unión.

Esas leyes, empezando por la Constitución, establecen los requisitos a los ciudadanos para votar y ser votados y a los partidos para participar en los procesos electorales. Su cumplimiento es garantía de legalidad y legitimidad de esos procesos.

Hubo dos candidatos a gobernador que no cumplieron con el requisito legal de entregar el reporte de gastos de precampaña, cuya sanción (la única) estipulada en la ley es no conceder el registro oficial de esas candidaturas, según determinó dos veces el INE y una vez el TEPJF (este tribunal es, para que se entienda, como una especie de Suprema Corte de Juticia en materia electoral).

A algunos analistas, opinadores y sobre todo a simpitizantes de Morena (y hasta al presidente del TEPJF) les pareció una sanción “excesiva” y un un caso se afirmó que el gasto había sido muy poco por lo que el castigo fue desproporcionado.

El problema es que la ley, producto de reformas legales exigidas en impulsadas por Morena y sus entonces candidato Andrés Manuel López Obrador en 2007 y 2014, para evitar “fraudes electorales”, establece esa única sanción y no habla de montos de gastos ni establece multa alguna. La pena: es el no conceder el registro al candidato violador de la ley.

En otras palabras: si el INE y el TEPJF hubieran tomado otra decisión (aceptar el registro, determinar otra sanción, incluyendo una multa) habrían violado la ley y, consecuentente, deslegitimado el proceso electoral.

En México, al asumir sus cargos, las autoridades y funcionarios públicos juran que respetarán y harán respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Eso fue lo que hiceron el INE y el TEPJF  y por eso lo tienen en la picota.

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