El CJF adeuda 450 mil pesos a traductores indígenas

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Dicen que no les han pagado servicios de traducción en lenguas indígenas; se quejan de falta de respuesta de organismos del poder judicial

La Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas A.C denunció que el Consejo de la Judicatura Federal, tiene adeudos con esta asociación por 450 mil pesos acumulados a lo largo de tres años, a pesar de que tienen un convenio desde 2005 para ofrecer servicios de traducción en lenguas indígenas, así como la falta de respuesta de diversos organismos del poder judicial los cuales han ignorado sus reclamos sobre este tema.

Por ello, al dirigirse ante la Opinión Pública, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), a la Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación, Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, a la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales e Integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI, hicieron saber su situación.

Indicaron que existe falta de atención de parte del Consejo de la Judicatura a las peticiones de la comunidad de Intérpretes traductores en lenguas indígenas y buscan una respuesta y solución a su problemática.

Por ello, piden dialogo con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería, del Consejo de la Judicatura Federal para que de manera urgente se revisen los adeudos de los años 2018, 2019 y 2020, así como otras peticiones .

Recordaron que desde el 2005, brindan sus servicios de interpretación y traducción en lenguas indígenas, realización de dictámenes culturales y dictámenes lingüísticos, en los distintos órganos jurisdiccionales del país, atendiendo el mandato constitucional establecido en el artículo segundo, Apartado A, fracción octava de la CPEUM, además del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2013.

Por otra parte, señalaron que debido a la publicación de arancel que regula los pagos a las personas que puedan fungir como peritos y prestar sus servicios al no haber una consulta previa, libre e informada, ni acuerdo alguno entre los intérpretes indígenas de ésta Asociación con el Consejo de la Judicatura Federal, que versa sobre los nuevos aranceles de pago, publicado en fecha 15 de noviembre del año 2019.

“Los peritos han dejado de prestar sus servicios a los Órganos Jurisdiccionales, debido a la incertidumbre y poca certeza en relación a los pagos a partir del nuevo arancel, dejando en estado de indefensión y vulnerabilidad a los imputados, víctimas, testigos, por falta de intérpretes indígenas en los procesos jurídico administrativos.

“A partir de esta publicación de los nuevos aranceles, los intérpretes indígenas exigimos pagos justos, en el entendido de que los servicios de interpretación y traducción en las lenguas originarias no son un servicio más, sino que forman parte de un derecho humano como sujeto colectivo, que deriva de un proceso histórico en la emancipación para el reconocimiento de los derechos lingüísticos, razón por la cual, la postura de los intérpretes indígenas es que los pagos tienen que ser acorde a la legitimidad y reconocimiento que tenemos los indígenas en este país”; señalaron.

Agregaron que sus peticiones son legítimas y acordes a la Constitución y la aplicación de los Derechos Humanos que el Estado Nación Mexicano reconoce y que debe ser una realidad vigente para los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas quienes en el marco de la pandemia, atraviesan por una situación muy complicada ya que además, los intérpretes y traductores, no cuentan con ninguna seguridad social para seguir solventando sus necesidades más inmediatas,” por lo que insistimos en el pago de los trabajos ya realizados pero devengados”.

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