De no fortalecer el REPUVE, la situación se tornará sumamente complicada: AMDA

Industriales automotores, sostienen conversaciones con las Secretarías de Gobernación y Economía, con el fin de aminorar el impacto que tendrá el decreto presidencial para permitir la legalización del contrabando automotriz en la frontera norte e insisten en que se corrija el rumbo con medidas de control, antes de que se publique el instrumento jurídico que fundamente la regularización.

Guillermo Rosales Zarate, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en entrevista exclusiva con En Concreto, dijo que si bien no hay un plazo para la instrumentación jurídica del decreto que emitió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los integrantes del sector automotriz han abierto una ventana de atención con las autoridades federales, a fin de que se emita una nueva Ley General para refundar al Registro Público Vehicular (REPUVE) el cual, en el presupuesto para el 2022, no tiene asignados recursos públicos, lo que lo hace “inservible” al tener tecnología obsoleta.

Guillermo Rosales Zarate, director general adjunto de la AMDA.

En esta materia dijo, no hay ninguna partida para equipar al REPUVE en el presupuesto del próximo año y se debe ampliar su capacidad de atención. Desde la aprobación de su Ley en septiembre de 2004 y hasta la actualidad el registro, no ha cumplido con las responsabilidades que la Ley le marca y los requerimientos que el país enfrenta, a pesar del compromiso y esfuerzo de sus trabajadores. “La regularización del contrabando automotriz por motivos de seguridad pública sin un Registro Público Vehicular confiable será una falacia”.

Advirtió que de no fortalecer el REPUVE, la situación se tornará sumamente complicada.

“El panorama es desolador, esperamos que atiendan las demandas que estamos presentando, por eso es que consideramos que existe voluntad política, hay tiempo para corregir el rumbo. Mientras no exista el programa de regularización y no se dé inicio a la misma, hay tiempo para poder tomar medidas que por un lado atenúen y por otro lado, se revisen las desviaciones que han propiciado la entrada de estos vehículos como la corrupción en las aduanas, la inacción e inoperancia de los gobiernos estatales para evitar la venta en la vía pública de estos vehículos”, indicó.

Esto tiene que combinarse con una acción de persecución del delito, porque contra esas bandas de contrabandistas no hay ninguna carpeta de investigación, ni ningún propósito de acabar con estas mafias y con estos funcionarios corruptos; y esto tiene que hacerse patente antes de iniciar la regularización.

En torno al mandato presidencial de que los recursos que se obtengan, servirán para tapar baches en las entidades donde se legalicen, el directivo de AMDA, indicó que se trata de “una pastillita para el dolor”, cuando hay una ausencia total de políticas públicas para desarrollar temas de transporte público en la frontera para mitigar la alta contaminación, que se tiene como consecuencia de la circulación de estos vehículos llamados “chocolate” y destinar recursos para cubrir hoyos en el pavimento de los caminos es una acción mucho menor.

Se trata de un premio a las mafias criminales y a la burocracia corrupta, los ha llevado como sector a sostener reuniones diariamente con diputados y senadores, donde les informan de los riesgos en este decreto presidencial; la decisión es del Ejecutivo y por ello, están en comunicación con la Secretaría de Economía.

“Se ha abierto una ventana de atención con la Secretaría de Gobernación y su titular Adan Augusto López Hernández y el acuerdo fue que se convocará al resto de las dependencias involucradas del gobierno federal y de los gobiernos estatales, a los propios gobernadores para dialogar. No tanto como una veladora encendida porque ese es un acto de Fe, pero sí un trabajo objetivo, con la presentación de datos para llamar a la acción correctiva por parte de las dependencias del gobierno”, dijo.

Indicó, que lo deseable es echar a atrás esta decisión, pero dado el compromiso del Ejecutivo Federal por hacer la regularización, lo que buscan es atenuar el daño del programa. Eso solo ocurrirá con medidas de control que eviten la legalización de autos robados, declarados pérdida total y que pongan en riesgo grave a las personas, que quede circunscrito a la zona fronteriza y no al resto de la República, y llegue a los siete estados donde se hizo mención y la medida no sea válida para las áreas metropolitanas de esas ciudades.

El representante de la industria automotriz, consideró que el contrabando automotriz se debe solucionar de raíz, con disposiciones jurídicas, administrativas y financieras que permitan dotar de un sistema integrado de transporte público, infraestructura urbana y saneamiento ambiental mediante el concurso de los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) y de la Iniciativa Privada.

Por ello, dijo que debe haber tolerancia cero al flujo de vehículos en contrabando por los puertos fronterizos.

“Es indispensable acabar con la corrupción aduanera; así como equipar tecnológicamente los puntos de revisión vehicular para identificar los vehículos con placas sobrepuestas, alteraciones documentales y daños mecánicos visibles. Exigir el estricto cumplimiento del ANEXO No. 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los gobiernos estatales, mediante el cual asumen responsabilidades para combatir el contrabando automotriz. Con ello eliminar el comercio tolerado de vehículos ilegales”, mencionó.

No obstante ello, el director adjunto de la AMDA, agregó que una vez que se publique el instrumento jurídico que fundamenta la regularización emprendida por el Presidente López Obrador, se evaluará la pertinencia jurídica de emprender acciones de defensa ante el Poder Judicial de la Federación.

Por su parte, el vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Ángel García Lascuráin Valero dijo que la medida es como tratar de curar la anemia con mejoralitos.

Ángel García Lascuráin Valero, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

“Los problemas que tratan de resolver estas medidas, lejos de resolverse pues, van a generar más problemas a su alrededor. La industria automotriz en México ha estado ya muy afectada por la pandemia, hay muchas empresas que están literalmente luchando por sobrevivir y con este tipo de medidas, se golpea nuevamente a esa generación de empleos formales, de causantes de impuestos y al final del día va a generar más problemas de los que está tratando de resolver, ojalá este tipo de cosas se reflexionen, se reflexionen bien en el Congreso, también por parte de la sociedad civil porque en el país podemos estar mucho mejor, pero tenemos que ver hacia otro rumbo”.

A su vez, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, indicó que la regularización de autos en la frontera norte, tendrá un impacto en la medida en que afecte las ventas automotrices en nuestro país.

“Nosotros lo hemos dicho en otras ocasiones, no vemos mal el que se vendan autos usados, pero sí con criterios estrictos de ellos y mediciones de contaminación. Parte de la transición energética consiste en tener un nuevo parque vehicular y en ese sentido, no creemos que sea adecuada la importación de automóviles siempre y cuando cumplan estrictamente en seguridad. No tenemos ningún problema con la legalización sino en la calidad de estos autos”, mencionó.

En su oportunidad, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, recordó que, con el decreto de este gobierno, se acumulan 19 procesos de regularización puestos en marcha en el periodo que comprende de 1979 a 2011.

“Hoy en día, de acuerdo con el Decreto emitido por la presente administración, por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de diciembre de 2020, es factible importar un vehículo usado. Hoy quien cumple con lo estipulado, puede introducir legalmente un auto a México; aunque el problema radica en el ingreso ilegal, que además de que representa un acto de evasión fiscal, es un delito a través del cual se benefician organizaciones criminales, grupos que promueven la corrupción e incluso la comisión de otros delitos mediante la utilización de estos vehículos”, dijo.

José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Alertó que la legalización indiscriminada es un golpe al sector automotriz en uno de sus momentos más adversos.

En el mercado nacional, se han vendido 757 mil 846 vehículos ligeros durante enero-septiembre 2021, cifra que está 20.7% por debajo de los niveles registrados en enero-septiembre de 2019. Por su parte, la producción total de vehículos ligeros está 23.8% por debajo de los niveles vistos en el mismo periodo previo a la pandemia y, tan solo la producción registrada en septiembre de 2021 fue la más baja para un mes similar desde 2010.

“La competencia desleal que representa la regularización de “autos chocolate” atenta gravemente contra la recuperación de un sector clave para el país, pues de acuerdo a estimaciones de la AMDA, esta acción podría implicar una caída del 39 por ciento en las ventas del mercado nacional y representa un riesgo para los casi dos millones de empleos vinculados a la fabricación de equipo de transporte y a su comercio al mayoreo y menudeo; muchos de ellos se verían en riesgo de desaparecer dada la posible contracción del mercado interno”, precisó.

El líder empresarial estimó que, con esta determinación, se afectarán las finanzas públicas por una caída en la recaudación, puesto que por un lado, ante los recortes en la producción que se tendrían que hacer por una menor demanda de autos nacionales, los fabricantes dejarían de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR); por otro, habría una contracción en la captación del Impuesto Sobre Autos Nuevos (ISAN), que es un gravamen que los compradores de vehículos nuevos tienen que pagar y que en 2020, logró recaudar poco más de 11 mil millones de pesos por este concepto.

“Y qué no decir de las afectaciones al medio ambiente con la introducción de automóviles al país que por sus elevados kilometrajes y antigüedad son altamente contaminantes. De igual manera, al ser vehículos de desecho o con antecedentes de siniestro en su país de origen, no garantizan los estándares mínimos de seguridad vehicular como son frenos de seguridad ABS, bolsas de aire o sistemas de retención infantil. Con ello se pone en riesgo a los usuarios del auto como a las personas en su entorno”, finalizó.

Será importante dar seguimiento para establecer las medidas a futuro sobre esta regulación y que menos productores se vean amenazados por estas prácticas que se pondrán en marcha. Te invitamos a participar en los comentarios, nos interesa tu opinión sobre este tema.

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