Con 348 votos a favor, 77 en contra y 32 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas a diversas leyes para regular la subcontratación, o el llamado outsourcing, en empresas privadas y en el gobierno.

La reforma deriva de una iniciativa presentada por Presidente de la República el 12 de noviembre de 2020, y a la cual se le sumaron diversas iniciativas de distintos grupos parlamentarios.

La reforma laboral en materia de outsourcing prohíbe la subcontratación de personal para formar parte del objeto social. Se determina un registro de empresas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y padrón público de empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas. También establece que se otorgará un plazo de tres meses para que los patrones reales incorporen a su nómina a los trabajadores subcontratados.

El presidente de la Comisión del Trabajo, Manuel Baldenebro, propuso la adhesión de cuatro artículos para prohibir la subcontratación de personal en beneficio del gobierno Federal en sus dependencias; y establece que se permitirá únicamente el outsourcing en servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público.

En el debate de este dictamen, surgió una queja del PAN debido a que los integrantes de la iniciativa privada van a tener tres meses para regularizar a todos sus trabajadores con base al interior de sus empresas; sin embargo, el gobierno Federal tendrá hasta el 1 de enero del 2022 para incluir a sus empleados en sus nóminas; y lo erogado será con cargo al presupuesto aprobado de cada dependencia federal.

“Debemos de darle leyes a las empresas, no obstáculos, esta iniciativa, para aquellos compañeros que no la leyeron, y que, por cierto, no han dicho que se le está dando un trato desigual a la IP, que al sector público. Al sector empresarial le dan tres meses para regularizarse y migrar al nuevo sistema y que en el sector público se les está dando un año, por qué esas diferencias. Tenemos que ser cuidadosos con los 4.5 millones de empleados que están bajo este esquema y que desafortunadamente al no tener otra alternativa van a caer en la informalidad”, dijo Carlos Valenzuela (PAN).

Los partidos Morena, PT, PES, PVEM, PRD y MC votaron a favor, el PAN en contra y el PRI se dividió con votos a favor, en contra y en abstención. El morenista Porfirio Muñoz Ledo se abstuvo.

Aún con la discusión pendiente esta noche de 38 “reservas” o propuestas de modificación, se avalaron en lo general los cambios acordados por el gobierno federal, los empresarios y líderes sindicales a las leyes del Trabajo, del Infonavit, al Código Fiscal, el ISR, el IVA, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Apartado B del artículo 123 de la Constitución.

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