La aprobación de la propuesta de reforma a la Ley de Hidrocarburos enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 26 de marzo pasado al Congreso de la Unión, reduciría la participación de privados en el mercado nacional de combustibles, al elevar los requerimientos para la obtención de permisos y establecer condiciones legales para no emitirlos o suspenderlos; además de que reforzará la participación de Petróleos Mexicanos (Pemex) en este rubro e inhibiría mayor inversión privada en el sector.

Santiago Fernández, subdirector de Análisis Económico en Intercam Grupo Financiero destacó en un análisis sobre el tema que el Presidente ha asegurado que podría proponer cambios a la Constitución para lograr que sus propuestas sean implementadas, pero para ello requiere mayoría calificada en el Congreso. En este contexto, las próximas elecciones intermedias (junio 2021) son de gran relevancia para el panorama del sector energético y de la inversión en México.

Con la reforma a la Ley de Hidrocarburos, se busca incrementar requerimientos para el otorgamiento de permisos de importación, distribución y comercialización de combustibles, reglamentar la suspensión de permisos otorgados, dar mayor control al gobierno sobre estas actividades y reforzar la posición de Pemex en el mercado local de gasolinas.

De esta forma, la iniciativa se suma a la recientemente aprobada Ley de la Industria Eléctrica, ambas buscan devolver un papel predominante a la CFE y a Petróleos Mexicanos en el plano energético.

López Obrador ha argumentado que la reforma a la Ley de Hidrocarburos busca atacar la ilegalidad en las actividades de ese mercado, reordenarlas y prevenir la corrupción, el contrabando y garantizar el abasto, además de proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado. Para el Ejecutivo, la legislación vigente en materia de otorgamiento de permisos es demasiado laxa y permite actividades ilegales.

Sin embargo, los cambios propuestos para la suspensión de permisos bajo el argumento de seguridad nacional, han generado críticas de posibles expropiaciones; y la iniciativa ha sido interpretada como un esfuerzo del gobierno federal para reducir la competencia de Pemex con privados, de manera que la empresa estatal tenga mayor acceso a un mercado en el que ha perdido participación durante los últimos años.

La iniciativa será discutida en unos días en la Cámara de Diputados, antes de ser turnada al Senado, siendo el próximo 30 de abril cuando concluyan las sesiones ordinarias en el Congreso, previo a la elección intermedia.

Si no se ha terminado de discutir y votar para ese momento, deberá llamarse a una sesión extraordinaria. Aún en caso de ser aprobada, es muy probable que la reforma enfrente obstáculos similares a los que tuvo la Ley de la Industria Eléctrica, cuya implementación fue suspendida en tribunales tras amparos de empresas privadas y enfrenta demandas de inconstitucionalidad.

¿Qué contiene la reforma?

Los cambios más relevantes propuestos por el Ejecutivo se centran en 4 puntos:

  • El otorgamiento de permisos de importación, distribución y comercialización de combustibles a empresas privadas o públicas sólo sucederá si se comprueba que el solicitante cuenta con las instalaciones y equipo necesarias, en línea con las regulaciones y mejores prácticas de la industria; además de contar con las condiciones para garantizar proveeduría de servicios y una capacidad de almacenamiento mínima determinada por la Secretaría de Energía (SENER).
  • La Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrá revocar permisos para la venta de hidrocarburos si se comprueba que las empresas que sostienen dichos permisos no cumplen con los requisitos, especialmente en relación con la calidad y cantidad de hidrocarburos vendida a usuarios finales o si se encuentran alteraciones en instrumentos o sistemas de expedición de combustible.
  • La SENER y la CRE podrán suspender temporalmente los permisos a empresas privadas cuando adviertan riesgos a la seguridad nacional, energética o a la economía nacional. En este caso, las entidades reguladoras podrían tomar control de la administración, instalaciones y operación de la empresa privada.
  • Si el trámite de solicitud de un permiso demora más de 90 días en recibir respuesta de las autoridades en materia de energía, se considerará que el permiso fue denegado.

Fernández indica que los primeros dos cambios buscan que el gobierno logre un mejor control sobre los permisos otorgados, garantizar que las actividades se realicen bajo estándares mínimos de calidad y para proteger a consumidores finales.

Los últimos dos cambios se alinean con la política energética general del actual gobierno, que busca mantener al sector de la energía cerrado a la participación de privados, al considerarlo estratégico para el país.

La inclusión de condiciones legales para la suspensión de permisos existentes y para no entregar nuevos permisos sienta las bases para detener e incluso echar para atrás la reforma energética de 2013 en el sector de hidrocarburos.

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