El Consejo Coordinador Empresarial hizo un llamado al gobierno federal para que junto con el sector privado, alcancen un consenso en torno a la Norma Oficial Mexicana de Descargas de Aguas Residuales, la cual fue  unilateralmente aprobada, con votos en contra de la industria privada, de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y su cumplimiento implicara un gasto elevado y una inversión federal equivalente a más de 29 años de presupuesto total de la Conagua.

Carlos Salazar Lomelín, presidente de la cúpula empresarial, dijo que están convencidos de que comunidades más limpias, generan sociedades más saludables y son conscientes de que las  normas vigentes son susceptibles de mejora como  parte de los principios de la Dimensión Social de las Empresas, así como  transitar a modelos productivos más armónicos con el medio ambiente, sin embargo es indispensable que las autoridades tomen en cuenta sus  necesidades y capacidades antes de aprobar modificaciones de esta envergadura.

“En relación a la aprobación de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, celebrada el pasado 27 de agosto, el CCE destaca que la aprobación de dicha Norma fue unilateral, pues no se tomó en cuenta la participación de los regulados en materia técnica y económica, ni para fijar el plazo de la implementación y la entrada en vigor, lo que contraviene el espíritu y letra de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización”, indicó.

Asimismo, dijo que, en la aprobación de la Norma, además de los votos en contra, la Secretaría de Marina se abstuvo por considerar que establece parámetros excesivos y que a nivel internacional no son contemplados, ya que contravienen y/o violan tratados internacionales como el T-MEC.

“El sector empresarial advierte con preocupación que la NOM 001 afectará severamente en materia económica a todos los usuarios de agua (productores agropecuarios, organismos operadores de agua e industria privada y pública), al tener que modificar o sustituir las plantas que operan conforme a la norma 001 vigente y quienes carecen de plantas de tratamiento tendrán que instalarlas, lo que en todo caso va a implicar costos adicionales que serán repercutidos al precio de los productos agrícolas, industriales, mayores tarifas eléctricas y en los productos derivados del petróleo, así como en las tarifas del servicio de agua potable y saneamiento municipales, intermunicipales y estatales”, dijo.

Esto, añadió, sin mencionar que el plazo fijado de un año para la entrada en vigor es claramente insuficiente para los trabajos de logística, ingeniería y construcción para la adecuación de miles de plantas de tratamiento industriales, estatales y municipales, a lo largo y ancho del país.

El líder empresarial, sugirió la designación de un experto en materia económica por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) para establecer con toda precisión el costo de cumplimiento por inversión, que dista mucho de los 70,000 millones de pesos consignados en la manifestación de impacto regulatorio elaborado por la Semarnat en 2017, en comparación con los 700,000 millones de pesos que considera la Asociación Nacional de Entidades de Agua (Aneas) que agrupa a los organismos de operadores de agua y saneamiento municipales,  intermunicipales y estatales) más los costos de inversión del uso agrícola, Pemex y CFE, y de la propia industria privada.

Salazar Lomelín, alertó que el costo de inversión para el cumplimiento de la NOM 001 de acuerdo con las cifras de ANEAS equivaldría a 29 años de presupuesto total de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que los organismos operadores de agua potable y saneamiento construyan, cambien o modernicen sus plantas de tratamiento, que actualmente sólo tratan el 53% de sus descargas.

“Por lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades para poder dialogar a la brevedad y alcanzar un consenso en las disposiciones y los tiempos para la entrada en vigor de la Norma, partiendo del análisis y un diagnóstico profundo, en beneficio de todos los sectores involucrados. Así como de un plan integral de corto, mediano y largo plazos, orientados al correcto diseño y operación continua y eficiente de las plantas de tratamiento de aguas residuales, que permita la limpieza de los ríos, lagos, mares y demás cuerpos de agua nacionales”, concluyó el presidente del CCE.

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