Acuerdo sobre obras prioritarias “atenta contra la transparencia”

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Seguridad nacional y el desarrollo económico son objetivos complementarios pero diferentes: IMEF

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), externó su preocupación por la publicación del Ejecutivo Federal y el contenido del Acuerdo por el que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura en diversos sectores y aquellos que se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.

Consideró que se trata de un Acuerdo que “atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas, eleva el riesgo de corrupción y abona al clima general de incertidumbre y pone en duda la continuidad del estado de derecho al querer acelerar la obtención de dictámenes, permisos, permisos o licencia para iniciar los procesos u obras, privilegiando la velocidad de su ejecución por sobre la calidad y sobre la viabilidad”.

En el Acuerdo se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar en un plazo de máximo cinco días hábiles la autorización provisional a la presentación y obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras para garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.

Ángel García Lascurain Valero, presidente del IMEF, indicó que la seguridad nacional y el desarrollo económico son objetivos complementarios pero diferentes y no pueden igualarse los procedimientos de gestión de riesgos a la seguridad del país con la evaluación de proyectos de infraestructura cuyo objetivo es el impacto económico y social.

“El desarrollo de proyectos de infraestructura que estén diseñados para promover la actividad económica y el desarrollo regional o nacional, requiere de evaluaciones de impacto ambiental, de demanda de uso, de estudios de ingeniería de proyectos, de análisis y evaluación de riesgos y de viabilidad financiera y económica, además de otros aspectos que garanticen su efectividad y sostenibilidad. Por ello, se debe tomar el tiempo necesario para su correcta realización antes de iniciar las obras, para evitar sobre costos y sobre plazos”, dijo.

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Advirtió que el acelerar las autorizaciones sin el debido tiempo y profundidad para la evaluación de los proyectos, eleva el riesgo de privilegiar la velocidad de su ejecución por sobre su calidad y sobre la viabilidad misma del proyecto en el mediano plazo, lo que podría reducir su efectividad para generar el impacto económico y social deseados, lo que a la vez disminuiría la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

“Adicionalmente, la falta de procedimientos y la clasificación de proyectos de índole económica como proyectos de seguridad nacional o interés público, atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas. Ello eleva el riesgo de corrupción y abona al clima general de incertidumbre que ha venido afectando a la inversión productiva y que se ha acentuado con diversas acciones de política pública que ponen en duda la continuidad del estado de derecho en nuestro país”, indicó.

García Lascurain Valero, precisó que el IMEF está a favor de cualquier iniciativa de política pública que impulse el desarrollo económico, el interés público y proteja la seguridad nacional. No obstante, exhortó respetuosamente al Gobierno Federal, a reevaluar los riesgos y posibles impactos negativos de dicho Acuerdo.

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