Es violatorio de diversas leyes e invade las facultades del Poder Legislativo: Carlos Salazar Lomelín

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó su rechazo al acuerdo presidencial de proyectos y obras, al señalar que esté, vulnera el Estado de Derecho, no está debidamente fundamentado ni motivado, además de que excede la ley en la definición de seguridad nacional.


Carlos Salazar Lomelįn, presidente del organismo, dijo además que el acuerdo, es violatorio de diversas leyes e invade las facultades del Poder Legislativo.
“Asimismo, puede usarse para evitar obligaciones de transparencia y rendición de cuentas e incentivar la corrupción”, dijo.

El líder empresarial, externo por ello su desacuerdo y fuerte preocupación respecto a lo publicado el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación, que sujeta al régimen de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno, toda vez que al equiparar los proyectos federales a este régimen evade diversas normas constitucionales y legales quetienen por función proteger los derechos humanos, el medio ambiente, la transparenciay acceso a la información pública, la libre concurrencia, los procedimientos y licitacionespara garantizar las mejores condiciones de contratación con recursos públicos, la división de poderes y la lucha contra la corrupción.

Salazar Lomelįn, indicó que, el Acuerdo presidencial, abarca proyectos indeterminados asociados a infraestructura de la gran mayoría de los sectores y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza,complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional, sin tomar en cuenta que la Constitución reserva el régimen excepcional de seguridad nacional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen y, en todo caso, por decisión del Poder Legislativo, que representa la pluralidad democrática en México.

“Por lo que este Acuerdo pone al Ejecutivo por encima de la ley. Es importante señalar que la Ley de Seguridad Nacional actual no considera a las obras de infraestructura como un riesgo para la seguridad nacional, sino que contempla cuestiones de máxima importancia y gravedad, como la protección de la nación,preservación de la soberanía e independencia en defensa del territorio, el mantenimientodel orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, espionaje,sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio”, señalo.

El líder del CCE, precisó que además, el Acuerdo instruye a las dependencias y entidades de la AdministraciónPública Federal a otorgar la autorización provisional (emitida en un plazo de cinco díashábiles). “Esta decisión prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la ley y produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que, sería irreversible y que dejaría a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión”.

El presidente del CCE , llamó a defender la legalidad y el Estado de Derecho para proteger el medio ambiente, la seguridad pública y los derechos humanos que son garantías que no pueden estar sujetas a la discreción de las autoridades en turno, ya que este acuerdo afecta la toma democrática de decisiones.

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